por Mireia Cano

06 marzo 2009

Bogotá, Colombia: Los datos disponibles, así como las conclusiones de informes nacionales e internacionales, dan cuenta de la magnitud de las diferentes formas de violencia contra las mujeres en Colombia, y muestran cómo la histórica desigualdad, discriminación y violencia sufridas por las mujeres en el espacio público y privado se ven agravadas por la emergencia compleja que vive el país: conflicto armado con multiplicidad de actores, alto riesgo de desastres naturales, altos índices de pobreza y desigualdad, y la presión ejercida contra la población por el narcotráfico.

Colombia cuenta con entre 2 y 4 millones de personas en situación de desplazamiento, según la fuente de las estadísticas. Las mujeres en situación de desplazamiento tienen un mayor riesgo de sufrir violencias basadas en el género (VBG): el 44% ha sido víctima de agresiones físicas por parte del esposo o compañero; el 13% manifiesta haber sido violada por el esposo o compañero y el 8% por una persona diferente del esposo.

La legislación colombiana incluye diversos instrumentos formales de protección contra la violencia, así como la despenalización del aborto en circunstancias especiales –incluida la violación–, desde 2006, y la inclusión de los métodos de anticoncepción de emergencia dentro de los servicios sanitarios, desde marzo de 2008, lo que representan importantes avances en la garantía de los derechos de las mujeres. Aún así, persiste una gran brecha entre el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres y el ejercicio real y efectivo de estos derechos. El problema de fondo sigue siendo la persistencia de estereotipos de género que naturalizan y legitiman la violencia contra las mujeres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), tal y como afirma su directora ejecutiva en ocasión del Día Internacional de la Mujer, trabaja para que juntos (Estado, sociedad civil y cooperación internacional) "podamos cambiar las normas y actitudes sociales que toleran la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Juntos, podemos fortalecer los sistemas jurídicos, franquear el acceso a la justicia y promover el imperio de la ley, a fin de proteger y defender los derechos humanos. Juntos podemos ofrecer apoyo social y servicios de salud a las sobrevivientes. Es necesario garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y ofrecer información y servicios de planificación de la familia, maternidad sin riesgo y prevención del VIH".

En agosto de 2007, como voluntaria VNU Coordinadora de Género y Salud Reproductiva de UNFPA Colombia, fui responsable de la apertura de la primera oficina regional del UNFPA en Pasto, Nariño, con el mandato de transversalizar los temas de género y salud sexual y reproductiva (SSR) en la respuesta humanitaria al conflicto. Hice labores de abogacía para incidir en el impacto del conflicto y el desplazamiento forzado en las mujeres y la necesidad de tener en cuenta sus necesidades y prioridades; adapté al contexto de Nariño la estrategia global del UNFPA en respuesta humanitaria; coordiné un proyecto de SSR y prevención de la VBG en la frontera Colombia-Ecuatoriana, con la realización de análisis situacionales, estudios de caracterización y  mecanismos de prevención para la VBG y el VIH; realicé talleres de capacitación con entidades estatales y sociedad civil para promover los temas de SSR y VBG.

Al cabo de un año me mudé a la sede del UNFPA en Bogotá para trabajar como Oficial de Género y Grupos Étnicos, donde organicé el lanzamiento del Informe de la Población Mundial 2008 sobre Género, Derechos y Cultura; los enfoques culturalmente sensibles han sido clave para la construcción de alianzas, por ejemplo, en el proyecto de transformación de la práctica de la mutilación genital femenina entre los Embera Chamí (Risaralda). Actualmente estoy diseñando la estrategia de VBG de la oficina, que incluye un plan de capacitación a personal y socios.