El derecho a la identidad
por Inés de Ros Casacuberta

Inés de Ros Casacuberta (derecha) trabaja como voluntaria VNU con la Organización Internacional para las Migraciones, promoviendo el derecho de la población nicaragüense a la identificación. (Programa VNU)Inés de Ros Casacuberta (derecha) trabaja como voluntaria VNU con la Organización Internacional para las Migraciones, promoviendo el derecho de la población nicaragüense a la identificación. (Programa VNU)
06 mayo 2010

Managua, Nicaragua: En los últimos cinco años se ha producido un flujo constante de nicaragüenses hacia Costa Rica. De los nicaragüenses que han migrado a Costa Rica, que representan casi el 0,8 por ciento del total de la población de Nicaragua, hay 70.000* que carecen de cualquier tipo de documentación, según fuentes oficiales del Gobierno de Costa Rica.

Este hecho no sólo supone un problema para las autoridades y otros entes a la hora de contabilizar datos migratorios y planificar políticas públicas, sino que constituye una traba insalvable a la hora de regularizar la situación migratoria de estos nicaragüenses en el estado vecino.

Trabajar como voluntaria VNU en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Nicaragua me ha permitido contribuir a los esfuerzos de regularización de migrantes, participando en el diseño de folletos informativos para repartir a la población migrante en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

Nicaragua es el país de la región centroamericana más afectado por el subregistro; aproximadamente 1,9 millones de personas (el 35% de la población) está sin registrar, de los cuales alrededor de 1,5 millones son niños y niñas**. La falta de documentación es un problema grave en la sociedad nicaragüense, principalmente entre las capas de población más pobres y vulnerables.

El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), así como algunas agencias de las Naciones Unidas y Organizaciones No Gubernamentales, como UNICEF y Save the Children, han realizado grandes esfuerzos para registrar a menores nicaragüenses.

Estos esfuerzos se han realizado no sólo porque el derecho a la documentación, que forma parte del derecho a poseer una identidad, es un derecho regulado en diversos instrumentos jurídicos del ordenamiento nicaragüense, entre los cuales destacan la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley de Responsabilidad Paterna y Materna, sino por todos los beneficios que ello comporta.

La inscripción en el registro es fundamental para la identificación, así como para gozar de una nacionalidad. No sólo los poderes públicos necesitan tener un adecuado conocimiento de la población para realizar políticas públicas adecuadas, sino que la identificación es esencial para acceder a los servicios y prestaciones públicas y para poder ejercer plenamente los derechos y libertades que otorga el orden constitucional a los individuos, como el derecho al voto.

Dado que existe una carencia de cultura registral en muchas partes de Nicaragua, delegaciones del CSE realizan frecuentemente campañas móviles de registro por todo el territorio del país para facilitar a los ciudadanos de zonas rurales remotas, así como de centros urbanos, que se registren. Sin embargo, en el transcurso de estas campañas, el CSE no solo se ha encontrado con casos de total ignorancia sobre la existencia del registro, sino también con casos de doble y triple inscripción de un mismo sujeto.

Las causas de la falta de registro son varias; desde la lejanía de las oficinas del registro civil (ahora adscritas a las alcaldías municipales) hasta la falta de conciencia entre ciertos sectores de la población nicaragüense sobre el problema, pasando por los altos costos indirectos muchas veces asociados al proceso de inscripción como transporte y fotocopias.

En el caso de Nicaragua, país con un alto índice de emigración a Costa Rica, la identificación es sumamente importante puesto que supone una garantía a la hora de migrar. Los nicaragüenses que se hallan en Costa Rica debidamente identificados tienen la posibilidad de regularizar su situación.

Dado el gran índice de nicaragüenses indocumentados en Costa Rica, el consulado nicaragüense en San José está emitiendo la certificación consular, documento que puede conseguir cualquier nicaragüense en el consulado de Nicaragua en Costa Rica con la presencia de dos testigos nicaragüenses documentados que testifiquen la identidad del interesado. La certificación consular, que abarata costos y trámites a los nicaragüenses que están en Costa Rica, es aceptada por el Gobierno costarricense a efectos de lograr la regularización administrativa del migrante. Sin embargo, el proceso de otorgamiento de certificaciones consulares es lento de implementar. No hay recursos suficientes para atender a la demanda y actualmente, con la nueva Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica recién aprobada, tan sólo se han logrado atender alrededor de 3.000 casos, del total de 70.000 casos de indocumentados***.

El manejo de la migración nicaragüense en Costa Rica es tan relevante para la economía y el bienestar social de ambos países que los Ministerios de trabajo de ambos países suscribieron un Acuerdo Binacional, a raíz del cual la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), con la colaboración de la OIM, crearon el proyecto “Codesarrollo”. Este proyecto involucra y coordina a diversas instituciones del gobierno nicaragüense y costarricense con el objetivo de agilizar y ordenar el flujo migratorio nicaragüense hacia Costa Rica para sacar todos los beneficios que conlleva una migración organizada, que empieza por la regularización de los migrantes.

Cuando llegué como voluntaria VNU a la OIM en Nicaragua, este proyecto ya estaba en curso, siendo la regularización uno de los temas clave. Así pues, no sólo pude seguir de cerca la grabación de cuñas publicitarias de radio y diseño de folletos informativos para repartir entre la población migrante de la frontera, sino que también he podido participar activamente en validaciones de los productos de campañas divulgativas por parte de la población, en el análisis de la nueva ley de Migración y Extranjería nicaragüense, en sesiones de trabajo en la Asamblea Nacional donde la OIM asiste en la creación de nuevas normativas migratorias, y en reuniones y negociaciones con las autoridades, otras organizaciones internacionales y asociaciones civiles para facilitar el acceso de la población nicaragüense al derecho a la identificación.


* Fuente: Marta Cranshow, Directora de la Red nicaragüense de la sociedad civil para las migraciones.
** Fuente: Hugo Rodríguez, consultor en registro civil para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
*** Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica.

El Programa VNU está administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)