Mi primera experiencia como voluntaria no tenía un nombre oficial. Ocurrió en un aula en Santo Domingo, siendo niña, mucho antes de saber qué era Naciones Unidas. Lo que sí sabía entonces, y lo que quince años de trabajo en desarrollo internacional solo han confirmado, es que la participación no es un favor que las instituciones conceden a las personas, sino un derecho. Y construir las condiciones para que ocurra de verdad es una de las tareas más difíciles e importantes que podemos hacer.
En 2013, esa convicción me llevó a incorporarme como Voluntaria ONU Especialista Nacional con el PNUD en República Dominicana. Junto a más de 1,000 personas voluntarias, coordiné una consulta nacional en las 32 provincias del país en la que participaron más de 220,000 dominicanos y dominicanas, posicionando al país en el octavo lugar de 193 naciones en una consulta ciudadana global sobre prioridades de desarrollo. Esa experiencia confirmó algo que llevo conmigo desde entonces: cuando las personas son genuinamente invitadas a participar en las decisiones que afectan sus vidas, siempre participan. Porque participar no es caridad; es dignidad.
Desde ese punto de partida, ayudé a coordinar consultas nacionales sobre la Agenda 2030 que reunieron a personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores y otros grupos cuyas voces suelen estar ausentes en las políticas públicas. Integré más de 60 instituciones en el proceso de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lancé el primer laboratorio de datos abiertos para el desarrollo del país y formé a más de 50 equipos de instituciones públicas. Cada esfuerzo apuntaba a la misma pregunta: ¿cómo construimos sistemas donde las personas no solo puedan participar, sino liderar?
Las leyes existen. Pero los entornos requieren mucho más.
El Informe sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo 2026 introduce un marco llamado GIVE, que mide el voluntariado en cuatro dimensiones: el valor para la persona, el valor para la comunidad, el valor económico y el entorno que lo hace posible. República Dominicana tiene bases reales: una Ley de Voluntariado, una estrategia nacional de desarrollo que reconoce la participación ciudadana, y un Comité Nacional recién creado para el Año Internacional del Voluntariado 2026.
He sido parte de los procesos que ayudaron a construir esas bases: la revisión de la Ley Nacional de Voluntariado, el apoyo a la reforma del Código Penal para integrar principios de derechos humanos, y la actualización de la legislación sobre discapacidad para que los derechos se traduzcan en protecciones reales. Cada proceso enseñó la misma lección: una ley es un punto de partida, no una garantía.
Lo que hace florecer el voluntariado es inversión, reconocimiento y una cultura que trate a las personas voluntarias como actores esenciales, no como complementos opcionales.
Voluntariado y recursos: una conexión que vale la pena hacer
Una de las cosas que he aprendido trabajando en la intersección de las políticas de desarrollo y el financiamiento es que el voluntariado y la inversión pública no son conversaciones separadas. Cuando el tiempo, las habilidades y el conocimiento que aportan las personas voluntarias son reconocidos y contabilizados, se convierten en parte de cómo planificamos y financiamos el desarrollo, no en algo secundario. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿las contribuciones de quiénes estamos contando, y las de quiénes estamos ignorando?
El programa Comunidades de Cuidado, que tuve la oportunidad de coordinar junto a UNICEF, ONU Mujeres, PNUD y OIT desde el Sistema ONU, es quizás la respuesta más concreta que he ayudado a construir. Es la primera política nacional de cuidados del país y parte de un reconocimiento simple: casi el 70% de la población económicamente inactiva en República Dominicana son mujeres, en gran parte porque el cuidado de niños, niñas, personas adultas mayores de la familia y personas con discapacidad recae sobre ellas por defecto, sin pago, sin reconocimiento y sin aparecer en ningún presupuesto.
Aquí es también donde una distinción importante se hace necesaria. El trabajo de cuidado no remunerado no es lo mismo que el voluntariado. Ambos son invisibles en nuestros sistemas, pero el trabajo de cuidado rara vez es una elección. Es una carga que limita la libertad de las mujeres para participar en la vida pública.
El voluntariado, en su mejor expresión, es agencia. Las mujeres jóvenes muchas veces cargan con ambos a la vez, siendo de las más activas en espacios comunitarios y de las menos visibles en los datos. Ampliar las condiciones para el voluntariado significa, urgentemente, atender ese desequilibrio.
Tres cosas que marcarían la diferencia
Primera, construir sobre lo que ya existe. En República Dominicana, el voluntariado es predominantemente informal y está profundamente arraigado en comunidades, iglesias y redes de cuidado. El país también cuenta con una ley de voluntariado, su reglamento de aplicación y un centro nacional para el monitoreo y la promoción del voluntariado. Sin embargo, cualquier marco de medición debe continuar reconociendo y valorando tanto estas estructuras institucionales como las múltiples expresiones comunitarias e informales del voluntariado.
Segunda, garantizar que los datos sirvan a quienes los aportan. La información genera confianza cuando se traduce en mejoras tangibles, reconocimiento y mayores oportunidades para las comunidades y las personas voluntarias.
Tercera, fortalecer los mecanismos de financiamiento y la sostenibilidad del voluntariado. La evidencia y los datos tienen mayor impacto cuando van acompañados de inversiones, apoyo institucional y mecanismos que contribuyan a fortalecer las capacidades y el trabajo de las organizaciones de voluntariado y las personas voluntarias como actores centrales del desarrollo sostenible.
El Año Internacional del Voluntariado 2026 y el Comité Nacional recientemente creado son una oportunidad real para cambiar eso. República Dominicana tiene los fundamentos, las personas y la energía cívica para liderar ese cambio en la región. Lo que hace falta ahora es la decisión colectiva de tratar el voluntariado como lo que siempre ha sido: esencial.
Cada marco de financiamiento que he contribuido a diseñar, cada ley que he acompañado, cada consulta que he coordinado ha apuntado siempre en la misma dirección: asegurar que lo que las personas dan, libremente y sin reconocimiento, pase del terreno a las políticas, de lo invisible a lo estructural, de una contribución que pasa desapercibida a una que orienta las decisiones, abre plataformas e impulsa cambios.
El GIVE es un paso poderoso en esa dirección. Pero la voluntad de actuar sobre este marco tiene que venir de una convicción que aprendí desde muy temprano y que la experiencia ha confirmado una y otra vez: la participación no es un privilegio que se concede, sino un derecho que se construye, se financia y se vuelve político. Y hacer eso, con todas las personas y para todas las personas, sigue siendo el trabajo más importante que existe.
Mildred Clementine Samboy Hernández es abogada, especialista en derechos humanos, políticas públicas y sociales, datos, alianzas y financiación para el desarrollo, con más de 15 años de experiencia internacional, 13 de ellos en el Sistema ONU en República Dominicana. Becaria Chevening (LSE, 2020-2021) y ganadora del Loch Exhibition Prize.